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Fallo Candy - CSJN - Ajuste por inflación Imprimir Correo electrónico

Muchas veces se escucha que la justicia llega demasiado tarde. Y tenemos un claro ejemplo de esto en la sentencia de la causa "Candy S.A. c/AFIP", que la Corte Suprema de Justicia de la Nación dictó el 3 de julio pasado.

Por la vía del amparo, el contribuyente solicitó que se declare la inconstitucionalidad de las normas que impiden aplicar el ajuste por inflación impositivo en el Impuesto a las Ganancias correspondiente al ejercicio 2002. La sentencia de primera instancia hizo lugar a la acción de amparo, que fue confirmada por el tribunal de Alzada.

Cabe destacar que el contribuyente ofreció como prueba un "informe especial de contador público" conteniendo una "estimación de resultados fiscales con efectos del ajuste por inflación impositivo". En dicho informe, se llegó a la conclusión que si se determina el impuesto a las ganancias sin aplicar el ajuste por inflación, la alícuota efectiva del tributo a ingresar no sería del 35% sino que representaría el 62% del resultado impositivo ajustado correspondiente al ejercicio 2002, o el 55% de las utilidades -también ajustadas- obtenidas durante el ejercicio de ese mismo año.

El informe fue posteriormente revisado por un perito contable designado por el juez de primera instancia. 

La Corte concluyó que la prohibición de utilizar el mecanismo de ajuste por inflación resulta inaplicable al caso, en la medida en que la alícuota efectiva a ingresar de acuerdo con esos parámetros insume una sustancial porción de las rentas, y excede cualquier límite razonable de imposición, configurándose así un supuesto de confiscatoriedad. Por tal motivo, el voto mayoritario declaró procedente la aplicación del mecanismo de ajuste por inflación por el período fiscal correspondiente al año 2002.

Ahora bien, en base a lo expuesto, caben las siguientes reflexiones:

1) En el caso "Santiago Dugan Trocello SRL c/Ministerio de Economía" (sentencia del 30/06/05) el contribuyente también había llegado hasta la Corte Suprema a través de la vía de amparo. Asimismo, en dicha oportunidad también se habían ofrecido como prueba las diferencias en las posiciones del  impuesto a las ganancias, efectuando la liquidación del tributo con y sin ajuste por inflación.

Sin embargo, en su momento la Corte expresó que el mero cotejo entre la liquidación del impuesto efectuada sin el ajuste por inflación, y la suma que correspondería abonar por el tributo en caso de aplicarse tal mecanismo de ajuste no es apto para acreditar la afectación al derecho de propiedad. Agregó que "tal compulsa no trasciende el ámbito infraconstitucional, y sólo podría derivar de ella la mayor o menor bondad o equidad de un sistema por sobre el otro, pero no la demostración de la repugnancia de la solución establecida por el legislador con la cláusula constitucional invocada".

Sin embargo, ahora en la causa "Candy S.A." el Máximo Tribunal mencionó que, si bien el mero cotejo entre la liquidación efectuada sin el ajuste por inflación, y el importe que resulta de aplicar el referido mecanismo no es apto para acreditar una afectación al derecho de propiedad, ello no debe entenderse como excluyente de la posibilidad de que se configure un supuesto de confiscatoriedad si entre una y otra suma se presenta una desproporción de magnitud tal que permita extraer razonablemente la conclusión de que la ganancia neta determinada según las normas vigentes no es adecuadamente representativa de la renta.

¿No hay acaso una clara contradicción aquí? Por qué motivo en el año 2005 el tribunal rechazó esa prueba, y ahora (luego de expresar que no es apta para acreditar una afectación del derecho de propiedad) se basa en ella para llegar a la conclusión que existe confiscatoriedad?

2) El presente decisorio de la Corte (en julio de 2009) declaró procedente la aplicación del mecanismo de ajuste por inflación por el período fiscal correspondiente al año 2002.

En su momento, ante la incertidumbre que existía, muchos contribuyentes optaron por efectuar la presentación y pago de la declaración jurada 2002 sin aplicar las normas del ajuste por inflación, a efectos de evitar determinaciones fiscales, multas, traba de embargos, etc.

Ahora bien, el plazo para efectuar la presentación y pago de la declaración jurada del período fiscal 2002 (considerando cierre de ejercicio en diciembre) venció en mayo de 2003.

Teniendo en cuenta esto, el término de la prescripción de la acción para repetir los pagos efectuados en exceso comenzaró a correr desde el 1° de enero de 2004, venciendo en consecuencia el 01/01/2009.

Por lo tanto, quien no planteó oportunamente la acción de repetición por el período fiscal 2002 ya no podrá hacerlo. Nunca existió certeza en relación a la aplicación o no del ajuste por inflación, hasta que prescribió la posibilidad de solicitar una devolución de los montos pagados de más. Efectivamente, en ete caso la justicia llegó demasiado tarde.

 

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